Veamos ejemplos de lo que, según ellos, es “democracia”.
En 2001, yo trabajaba en una pequeña empresa de publicidad junto a unas
10 personas. Un día, una atractiva dama de unos 45 años tocó la puerta:
se identificó como jueza, quien, acompañada de varios funcionarios,
venían a realizar una inspección judicial en los computadores de la
empresa. Parece que un exempleado, descontento porque le habían
tracaleado sus prestaciones, había visto en la prensa los avisos de la
Business Software Alliance (BSA), una organización con presencia en
decenas de países, que vela por los “derechos” de las grandes
transnacionales del software: Adobe, Microsoft, Symantec, Autodesk,
Oracle y muchas otras. Los avisos instaban a denunciar a un teléfono
gratuito cualquier caso de software “pirata”, y el exempleado hizo su
denuncia. La BSA acudió entonces al Poder Judicial para solicitarle que
nos hicieran una inspección.
La jueza encontró que casi todas las computadoras usaban copias ilegales
(mal llamadas “piratas”) de software privativo, como Windows, Office,
Photoshop y similares, y procedieron a “secuestrar” los equipos hasta
que los dueños cancelaran una cuantiosa multa y pagaran el costo de las
licencias. Sólo dos equipos se salvaron: los que usaban Linux (software
libre).
La historia se repitió en otras empresas del país. Los allanamientos
eran cotidianos en los cibercafés, que tuvieron que gastar millones en
comprar licencias originales. El costo se trasladó a sus clientes, lo
que con el tiempo causó que dejaran de ser un negocio atractivo y
comenzaran a desaparecer.
¿Secuestrar computadores a exigencia de transnacionales extranjeras es
sinónimo de “democracia”? La BSA está muy activa en todo el mundo, pues
se valen de leyes que ellos han impuesto, a través de la Organización
Mundial de Comercio y tratados bilaterales con Estados Unidos. En
Argentina, México, Colombia, Bolivia y toda Centroamérica realizan
cientos de allanamientos al año buscando software pirata y secuestrando
equipos. En Venezuela, la BSA ha recibido mucho apoyo del Seniat.
Nuestro consejo sigue siendo el mismo: no pagues por software privativo.
El software libre (aquel que viene con su código fuente, puedes
modificar y redistribuir sin limitaciones) no sólo es absolutamente
legal, sino que es mejor que sus pares privativos, cada día es más fácil
de usar y lo puedes modificar para adaptarlo a tus necesidades. Es por
ello que el presidente Chávez decretó su uso en el Estado, y es por ello
que defendemos su incorporación en la Ley de Infogobierno.
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